Calor veraniego: ¿qué normas rigen las piscinas privadas? 

Entre mitos persistentes, el auge de las minipiscinas y un laberinto de ordenanzas municipales locales, esto es a lo que se arriesgan los propietarios de piscinas durante estos meses.

Con la llegada de las primeras olas de calor a Italia, las piscinas privadas suelen ser objeto de escrutinio público, a las que se culpa del empeoramiento de la escasez de agua. Sin embargo, la tecnología actual y la normativa vigente contradicen estas suposiciones, apuntando en cambio a un sector cada vez más regulado y regido por normas que abarcan desde el ámbito europeo hasta el municipal.

Un sistema que conserva el agua

A pesar de la alarma generalizada, el sector de las piscinas residenciales representa una proporción muy pequeña del consumo nacional de agua, que está dominado en más del 50 por ciento por la agricultura. La razón es sencilla: El agua de la piscina no se cambia todos los años.Gracias a los sistemas de filtración de circuito cerrado y al tratamiento químico, el agua permanece en la piscina durante varias temporadas. La única pérdida real es la evaporación, que hoy en día se puede reducir hasta en un 90 % mediante cubiertas isotérmicas para piscinas.

El mercado también está impulsado por las minipiscinas y los spas exteriores, que contienen tan solo entre 1,000 y 3,000 litros de agua, el equivalente a menos de dos semanas de duchas para una familia promedio.

El marco europeo: la eficiencia energética como referente del sector.

La transición medioambiental del sector de las piscinas se rige cada vez más por la normativa europea. La norma de referencia clave es la UNI EN 17645, una norma europea adoptada en Italia por la UNI, el organismo nacional de normalización italiano, y aplicada voluntariamente por los profesionales del sector desde 2023.

Esta norma introduce, por primera vez, una clasificación formal de eficiencia ambiental para piscinas privadas y sus componentes, utilizando una escala de la A a la F comparable a la empleada para los electrodomésticos. La norma anima a fabricantes e instaladores a optimizar tres factores clave: reducir el consumo eléctrico de las bombas de filtración, impulsando el uso de modelos de velocidad variable; disminuir el desperdicio de agua limitando la frecuencia de retrolavado de los filtros; y mejorar la eficiencia del sistema de calefacción mediante bombas de calor inverter, combinadas con cubiertas para piscinas que eliminan la pérdida de calor y la evaporación.

Restricciones del alcalde: cuándo el suministro público de agua está fuera de servicio

Si bien Europa marca la pauta a largo plazo, son los alcaldes quienes gestionan las emergencias cotidianas sobre el terreno, utilizando las ordenanzas de contingencia emitidas durante los picos de sequía.

Un principio fundamental del derecho italiano —confirmado por los planes de gestión de cuencas hidrográficas— establece que, cuando los recursos hídricos son escasos, el agua potable pública debe reservarse como prioridad para usos domésticos, domésticos y sanitarios. Por consiguiente, las ordenanzas municipales de verano casi siempre incluyen una prohibición absoluta del uso de las redes públicas de suministro de agua para llenar o rellenar piscinas privadas.

La única alternativa legal es obtener agua de camiones cisterna privados autorizados que suministran agua no potable. Los propietarios de piscinas deben conservar la factura de entrega para demostrar que el agua se obtuvo legalmente en caso de inspección por parte de las autoridades locales.

Aplicación de la ley y multas: las sanciones para quienes infrinjan las normas.

La policía local y las unidades de control ambiental supervisan el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Quienes infrinjan las restricciones municipales se enfrentan a multas administrativas que suelen oscilar entre 100 y 600 euros, según la gravedad de la normativa local.

La situación se agrava considerablemente cuando se trata de pozos privados. Varias regiones italianas, entre ellas Toscana, Emilia-Romaña y Apulia, han incorporado directivas del Ministerio de Medio Ambiente y ahora exigen la instalación de contadores volumétricos en los pozos privados.

La extracción de agua subterránea para fines no autorizados, o el incumplimiento de la obligación de presentar el informe anual de consumo a la autoridad regional de ingeniería civil, puede acarrear graves sanciones. En el caso de establecimientos de hostelería y comerciales, las multas pueden alcanzar los 25,000 euros, con el riesgo adicional de ser acusados ​​penalmente por la extracción ilegal de recursos hídricos públicos.

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Fuentes: UNI EN 17645:2022; Decreto Legislativo italiano 152/2006; autorizzazionepozzi.it; enea.it

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