La Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas emite un dictamen negativo sobre el proyecto de ley marco relativo a la salud y la seguridad en las piscinas: demasiados asuntos sin resolver, desde la inconstitucionalidad de las inspecciones en piscinas privadas hasta cuestiones de responsabilidad de las instalaciones y la falta de recursos en las autoridades sanitarias locales.
En la sesión de la Conferencia de Estados y Regiones celebrada el 17 de marzo, el proyecto de ley marco sobre salud y seguridad en piscinas recibió un "no" por parte de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas.
Aunque formalmente se clasifica como una opinión favorable condicional, el documento presentado al Gobierno incluye tantas solicitudes sustanciales de enmienda que, en la práctica, el texto resulta inaceptable en su forma actual. Las Regiones son inequívocas: el proyecto de ley presenta deficiencias legales, constitucionales y operativas que socavan su estructura general.
Igualdad de protección para todos: las instalaciones deportivas no pueden quedar excluidas.
El primer punto conflictivo se refiere al ámbito de aplicación. Las regiones se oponen firmemente a la exclusión de las piscinas gestionadas por asociaciones deportivas amateur, federaciones nacionales y organismos de promoción deportiva, incluidos los paralímpicos. Sin regulación, estas instalaciones —abiertas al público y frecuentadas por él— quedarían exentas de cualquier tipo de control sanitario e higiénico: una disparidad en la protección considerada inaceptable y contraria al objetivo declarado de garantizar medidas de seguridad uniformes en todo el país.
Piscinas privadas: un problema tanto constitucional como de recursos.
Igualmente firme es la postura de las Regiones en materia constitucional. El texto prevé inspecciones por parte de las autoridades sanitarias locales (ASL) en piscinas domésticas, pero las Regiones señalan que los organismos sanitarios solo tienen competencia de acceso a los lugares de trabajo: entrar en una propiedad privada sin consentimiento constituiría una violación del domicilio. Por consiguiente, las piscinas domésticas no pueden entrar dentro del ámbito de aplicación del proyecto de ley, ya que un organismo público carece tanto de la autoridad legal como de la capacidad operativa para intervenir en ellas.
Además, extender las inspecciones a propiedades privadas sería operativamente inviable, ya que los departamentos de prevención de las autoridades sanitarias locales ya sufren escasez de personal y recursos. Desviar recursos de la supervisión de las piscinas públicas —las únicas que representan un riesgo real para la salud colectiva— para inspeccionar propiedades privadas sería un error inaceptable.
El peligro de los dispositivos de succión sigue sin abordarse.
Entre las omisiones más graves señaladas por las Regiones se encuentra el silencio del proyecto de ley sobre el riesgo de ahogamiento causado por los dispositivos de succión ubicados en el suelo y las paredes de las piscinas, que pueden atrapar a los nadadores, especialmente a los niños pequeños, con consecuencias a menudo fatales.
Las regiones ya habían elaborado propuestas técnicas específicas sobre este tema, presentadas al Ministerio de Salud como parte del documento “Reglamento Nacional de Salud e Higiene para Piscinas”. El proyecto de ley las ignora por completo, al no abordar uno de los riesgos más graves para la seguridad de los bañistas y dejando una laguna crítica en la legislación que pretende proteger.
El texto necesita ser reescrito.
El mensaje de la Conferencia de las Regiones es claro: tal como está redactado, el proyecto de ley es deficiente y corre el riesgo de desviar la supervisión de la salud y la higiene de los objetivos verdaderamente importantes para la prevención y la protección de la salud pública. Solo si se incorporan plenamente todas las observaciones, el proyecto de ley podrá considerarse apto para su aprobación.
Fuente: https://www.regioni.it/download/news/663688/
Imagen de rawpixel.com en Freepik
