La Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas emite una opinión negativa sobre el proyecto de ley marco sobre salud y seguridad en las piscinas: demasiados asuntos sin resolver, desde la inconstitucionalidad de las inspecciones en piscinas privadas hasta cuestiones de responsabilidad de las instalaciones y la falta de recursos en las autoridades sanitarias locales.
En la sesión de la Conferencia Estado-Regiones celebrada el 17 de marzo, el proyecto de ley marco sobre salud y seguridad en las piscinas recibió un no por parte de la Conferencia de Regiones y Provincias Autónomas.
Aunque formalmente se clasifica como una opinión favorable condicional, el documento presentado al Gobierno enumera tantas solicitudes sustanciales de enmienda que, en la práctica, el texto resulta inaceptable en su forma actual. Las regiones son inequívocas: el proyecto de ley presenta fallas legales, constitucionales y operativas que socavan su estructura general.
Protección igual para todos: no se pueden excluir las instalaciones deportivas
El primer punto conflictivo concierne al alcance de la aplicación. Las regiones cuestionan enérgicamente la exclusión del proyecto de ley de las piscinas gestionadas por asociaciones deportivas amateurs, federaciones nacionales y organismos de promoción deportiva, incluidas las paralímpicas. Sin regulación, estas instalaciones — abiertas y frecuentadas por el público — estarían exentas de cualquier forma de supervisión en salud e higiene: una disparidad en la protección considerada inaceptable y en desacuerdo con el objetivo declarado de garantizar salvaguardas uniformes en todo el país.
Piscinas privadas: tanto un problema constitucional como un problema de recursos
Igual de firme es la posición de las Regiones en cuestiones constitucionales. El texto prevé inspecciones por parte de las autoridades sanitarias locales (ASL) en piscinas domésticas, pero las Regiones señalan que las agencias de salud solo tienen el poder de acceso a los lugares de trabajo: ingresar en propiedad privada sin consentimiento constituiría una violación de domicilio. Por lo tanto, las piscinas domésticas no pueden estar dentro del alcance del proyecto de ley, ya que un organismo público no tiene la autoridad legal ni la capacidad operativa para intervenir en ellas.
Además, ampliar las inspecciones a propiedades privadas sería operacionalmente inviable, ya que los Departamentos de Prevención de las autoridades sanitarias locales ya sufren de escasez de personal y recursos. Desviar recursos de la supervisión de las piscinas públicas — las únicas que representan un riesgo real para la salud colectiva — para inspeccionar propiedades privadas sería un error inaceptable.
El peligro de los dispositivos de succión sigue sin abordarse
Entre las omisiones más graves destacadas por las Regiones se encuentra el silencio del proyecto de ley sobre el riesgo de ahogamiento causado por dispositivos de succión ubicados en los suelos y paredes de las piscinas, que pueden atrapar a los nadadores —especialmente a los niños pequeños— con consecuencias a menudo fatales.
Las Regiones ya habían desarrollado propuestas técnicas específicas sobre este tema, presentadas al Ministerio de Salud como parte del documento "Normas Nacionales de Salud e Higiene para Piscinas". El proyecto de ley los ignora por completo, sin abordar uno de los riesgos más graves para la seguridad de los nadadores y dejando la legislación con una brecha crítica en la misma área que afirma estar protegiendo.
El texto necesita ser reescrito
El mensaje de la Conferencia de Regiones es claro: tal como está, el proyecto de ley no se sostiene y corre el riesgo de desviar la supervisión de la salud y la higiene de los objetivos que realmente importan para la prevención y la protección de la salud pública. Solo si todas las observaciones se incorporan completamente, el proyecto de ley puede considerarse apto para su aprobación.
Fuente: https://www.regioni.it/download/news/663688/
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